¡ATENCIÓN!, ZORROS CUIDANDO EL GALLINERO
Diario El Campesino - Resistencia
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A poco de asumir, el gobierno de Cambiemos comenzó a tejer las redes de contención para el caso que se pretenda investigar también la corrupción de los nuevos funcionarios. Es así que en enero de 2016 designó al frente de la Unidad de Investigación Financiera a Mariano Federici, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional. Como tantas otras veces, este anuncio fue acompañado por expresiones grandilocuentes que van exactamente en sentido opuesto a la verdad y la realidad: Se dijo que era para la lucha contra el lavado de dinero. Esto es hacer legal el dinero ilegal que se consigue mediante narcotráfico, evasión, elusión, trata, y corrupción en general.
Si la inmensa mayoría, empezando por el presidente y varios de sus ministros están denunciados y en casos procesados por delitos que aquí se dice que se va a "luchar", ¿alguien imagina que el objetivo es la investigación? O algún mal pensado cree que se trata de lo contrario: preparar una estructura que garantice que no se tocarán los intereses del poder.
¿Más? Sí hay más. Por las dudas, fue designada como número dos de la UIF María Eugenia Telerico, abogada del HSBC, aquel banco investigado por las mas de 4000 cuentas para evadir por la que fue denunciado. Bien. Ahora puso a su propia abogada para que lo investigue. Así si que es fácil.
Por si alguna duda podía quedar, se produjo un cambio de dependencia del área que despeja cualquier sospecha y certifica la intención. La UIF dependía y reportaba al Ministerio de Justicia. A partir de Macri, depende y reporta al de Hacienda y Finanzas. Es decir que ahora reporta a quienes debe controlar. ¿Queda claro? Vos me controlas, pero yo soy el jefe.
Quiere decir que ahora la Unidad de Investigación Financiera que debe investigar evasión, lavado, etc., depende de Luis Caputo, recientemente denunciado como administrador de Fondos de Inversión en paraísos fiscales, dato que dieran a conocer los llamados Paradise Papers.
Entonces, tampoco reportemos como una casualidad que a partir de Macri, Caputo y Federici, cesaron los reportes por operaciones sospechosas que promuevan investigaciones penales.
El año pasado, durante ocho meses, la UIF dejó de enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a los tribunales penales o a la Procelac. Es decir, en todo ese período no promovió la apertura de expedientes para investigar posible lavado de activos. Los ROS llegan habitualmente a la UIF desde los llamados “sujetos obligados” (bancos, AFIP, cooperativas de crédito, Banco Central, fundaciones, escribanos, contadores, casinos, entre otros) que deben informar sobre situaciones anómalas, como movimientos de dinero por montos que no se condicen con el perfil patrimonial de quienes los realizan. Luego, la Unidad analiza la información, puede hacer la denuncia y diseminar una especie de alerta a organismos que considere deban estar avisados (como AFIP o Banco Central). Pero lo hace poco y nada.

Uno de los factores que complejizan el proceso es la existencia de reglas, propias de la gestión actual, que establecen que la información de inteligencia financiera ofrecida por la UIF no se puede utilizar como prueba en una causa y no puede ser vista por las partes. Es como si fuera un secreto fiscal o bancario. Procelac, por ejemplo, para obtener información no puede avanzar por sí misma como sucedía antes. Los jueces y fiscales tienen que cotejar lo que les dice la UIF. Y a la vez también tienen una limitación, que es que rige un secreto sobre la fuente, por ejemplo, qué banco reportó una operación dudosa. En algunos juzgados y fiscalías de Comodoro Py esto cayó pésimo. Dos decretos, además, les dieron a los bancos el poder de definir qué es una operación sospechosa –por ejemplo, no tiene en cuenta antecedentes tributarios– y ya no están obligados a chequear la situación patrimonial de sus clientes.

Por otro lado, si bien parte importante de la Justicia Federal está encolumnada con el ejecutivo, hay algunas voces que se hacen escuchar. ¿Bonadío? No. Bonadío está chocho con la nueva UIF. Pero por ejemplo Sebastián Casanello, confrontó con la UIF en la causa que se le sigue a Lázaro Baez por lavado de dinero, en la que la Unidad se presentó como querellante pidiendo el procesamiento de Cristina Fernandes de Kirchner, a lo que el juez no hizo lugar, respondiendo que no había pruebas y que algunas cuestiones que se le endilgan ya eran investigadas en otras causas. La UIF respondió, insistiendo, en razón que existirían cuentas en el exterior vinculadas, según sus fuentes, a la ex presidenta. La respuesta de Casanello fue que en tal caso se aporten precisiones sobre esas cuentas, a lo que la UIF nunca respondió. Claramente el objetivo era que el juez procesara a la ex presidenta sin elementos. Un fallo como favor político es lo que buscaba la Unidad.

Otro que reclamó a la UIF es el Fiscal Federico Delgado, ya que la Unidad demoró cinco meses en responder un informe sobre la investigación que generaron los Panamá Papers que involucraban al presidente y su familia en dos sociedades ofshore. Y la que ante la insistencia, respondió que no tenía ninguna sospecha sobre lavado de dinero en esa causa. Es así que la misma terminó naufragando.

Igual suerte corrió el fiscal Delgado con el pedido de informes en la causa de las coimas de Odebrecht que involucraban a Gustavo Arribas por la transferencia de u$s 850 mil que un arrepentido en Brasil aseguró haberle transferido al funcionario argentino. La UIF contestó que a su juicio no había ningún delito a la vista, lo que llevó que el Juez Canicoba Corral cerrara la causa sin requerir absolutamente nada más.

Bueno. Si esta no es una red segura para que no caiga ningún corrupto de este gobierno, es una casualidad tan enorme como increíble.


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