EL USO DE LOS AGROQUÍMICOS ES UN PROBLEMA DE LOS PUEBLOS FUMIGADOS Y DE TODA LA SOCIEDAD
Diario El Campesino - Resistencia, Chaco
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Seis de cada diez frutas y verduras que se consumen en la ciudad de Buenos Aires contienen al menos un plaguicida; cuatro de cada diez exceden el límite permitido por la regulación actual o contienen agroquímicos prohibidos y un diez por ciento tiene al menos tres plaguicidas mezclados de distinto tipo. Este documento salió a través de un informe de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata.

A estos datos se suma otro informe que se difundió por medio de un recurso de amparo presentado contra el Senasa para que difunda resultados de un estudio que habían hecho años atrás. El relevamiento fue en el Mercado Central de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón”, explica aquí en Resistencia la abogada Alejandra Gómez, de la red de Salud Popular “Doctor Ramón Carrillo”.

Sin embargo en la provincia del Chaco no se publica si hay estudios similares al realizado en el Mercado Central. “Aquí los responsables de brindar esta información son el Senasa y el área de Bromatología de la municipalidad de Resistencia”.

Entre las sustancias encontradas en el informe del Senasa se encuentra el clorpirifós y el endosulfán. “El clorpirifós es un insecticida muy usado en todo el país a partir de la prohibición del endosulfán, el mismo fue prohibido en el país en el 2011. Se prohibió la comercialización pero su uso quedó permitido por unos años. El endosulfán se prohíbe en Argentina cuando ya estaba prohibido en 74 países del mundo. Además el producto queda en la tierra, en el agua y en el ambiente por varios años”.

“Se reconocen los efectos nocivos y se prohíbe la comercialización, pero como había en stock en el país se permite su utilización por dos años más. Ahora el clorpirifós reemplaza al endosulfán”.

La tierra regada con clorpirifós

Actualmente existen localidades del Chaco que están regadas de cultivos donde se aplica clorpirifós. La aplicación es en forma aérea alrededor de las casas, sobre las casas, en localidades como Avia Terai, Napenay, Charata, Las Breñas, entre otros pueblos.

“Esto lo pudimos comprobar a nivel provincial cuando tuvimos una denuncia de una pequeña agricultora de Napenay. En este caso fueron del Ministerio de Ambiente de la provincia y de la Administración Provincial del Agua. Ahí tomaron muestras de agua del tanque donde la señora recolectaba agua de lluvia para uso doméstico. Del techo de su casa juntaba el agua especial para consumo humano y resulta que las muestras que se tomaron de esa aguatenían clorpirifós”, explica Alejandra Gómez.

Desde la Red de Salud Popular “Doctor Ramón Carrillo” comentan que los agrotóxicos se encuentran en los cultivos del maíz, soja, trigo y también en las verduras, acelga, espinacas, lechugas, apio. “En la provincia la expansión de la soja fue sobre los cultivos de algodón, sobre otros cultivos y además sobre el monte nativo. Actualmente debe haber menos de 100.000 hectáreas cultivadas de algodón en toda la provincia y de soja ya habrían superado las 800.000 hectáreas”, detallan.

Por otro lado desde 2012 en la Administración Provincial del Agua no hacen muestreo de glifosato y del metabolito ampa en las aguas de la provincia. Está vigente una medida judicial en el caso de La Leonesa, Las Palmas, que ordena que se realice un monitoreo continuo y no se cumple este monitoreo porque sus laboratorios no están adecuados para hacer estos estudios según informes de la propia administración. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA detectaron residuos de glifosato y ampa en el 56% de las muestras de aguas analizadas en comunidades de Pampa del Indio, en tanto que pese a las denuncias efectuadas desde los órganos de la provincia no se realizaron análisis.

“El uso de los agroquímicos es un problema de los pueblos fumigados y de toda la sociedad porque en definitiva no podemos medir qué llega hasta nuestros hogares y nuestros alimentos”, concluye la doctora Alejandra Gómez.

Las denuncias son obligatorias

“En 2010 se realiza un encuentro en la Universidad Nacional de Córdoba y se conforma la red de médicos de pueblos fumigados (http://reduas.com.ar/2010/08/). En ese mismo período se conformó la red de pueblos fumigados y años más tarde se arma la red de abogados de pueblos fumigados”, explica la abogada Alejandra Gómez.

Durante la charla hace una pausa para agregar que son pocos los abogados que representan los reclamos y las causas de contaminación por agrotóxicos.

“En este sentido cabe destacar que es necesario fortalecer y aunar esfuerzos. Son pocos los abogados pero también son pocos los médicos que denuncian las intoxicaciones por agrotóxicos. Las denuncias por intoxicación por agrotóxicos son obligatorias por ley (http://www.Senasa.gob.ar/normativas/ley-nacional-15465-1960-poder-ejecutivo-nacional). Sin embargo en la provincia muchas veces sucede que los médicos no hacen esa denuncia porque no quieren reconocer la intoxicación o porque desconocen la ley”.

Desde la Red de Salud Popular comentan un caso en Napenay: una familia manifestó que después de una fumigación tuvieron erupciones en la piel, mareos y otros síntomas. Fueron al puesto sanitario y el médico de guardia les recetó paracetamol. Además les manifestaron que es un problema común en la comunidad y así se naturalizó el problema.

“Por ley deberían informar de intoxicación al Ministerio de Salud de la Nación. La denuncia es obligatoria. Cuando no se realizan las denuncias no quedan registros y después no se pueden tomar medidas al respecto”, explica.Actualmente la red de pueblos fumigados en el país está integrada por las provincias del Chaco, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos. Dentro de la provincia del Chaco se encuentran referentes en las localidades de Las Palmas, La Leonesa, Colonias Unidas, General San Martín, Pampa del Indio, Pampa del Infierno, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, Hermoso Campo.

“En muchos lugares se naturaliza que el avión fumigador pase sobre o cerca de las casas. Eso no debiera pasar y aún sigue pasando. La Ley de Biocidas Nº 7032 de la provincia del Chaco establece distancias de aplicación. Se prohíbe la aplicación aérea a una distancia inferior a 1500 metros y la aplicación terrestre a una distancia inferior a los 500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, fuentes o reservas de agua”, explica Gómez.

La Red de Salud Popular Ramón Carrillo colabora en la difusión de las normativas y leyes vigentes, así también en el debate de los procesos que atentan o ponen en riesgo la salud, la biodiversidad y el ambiente. Desde la red se reciben denuncias: reddesaludchaco@yahoo.com.ar - Tel. 0364-15-4620701 - 0362-15-4664745; las que también deben hacerse ante la Dirección de Fiscalización Ambiental: lunes a viernes de 7 a 18, al 0362-4448089 o al correo fiscaliz.ambiental@chaco.gov.ar

Si bien hay referentes en los pueblos antes mencionados desde cualquier punto de la provincia pueden realizar denuncias sobre fumigaciones indebidas. “De alguna forma las denuncias llegan. Desde el año 2014 publicamos un protocolo sobre qué hacer cuando están fumigando. La gente lo primero que hacía era llamarnos y nosotros nos contactamos con los organismos.

(Publicado por Diario NORTE)


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