AGRICULTURA FAMILIAR, RENATEA, INTA, EN CAÍDA LIBRE
Diario El Campesino 
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A diario se escuchan discursos oficiales de apuesta a las economías regionales. Todas ellas fuertemente vinculadas a la producción agraria primaria, con escasa transformación e industrialización local. Pero los hechos transitan por otros caminos ya que los organismos, estructuras y presupuestos sobre los que pivotan las políticas del sector, son las primeras víctimas de las políticas públicas hacia la producción agraria.

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Conocidos son los dos grandes sectores del ámbito rural argentino. La Agricultura Familiar y la Agricultura Industrial. Esto es los miles de pequeños y medianos productores con unidades productivas de la misma naturaleza, y el sector más concentrado de latifundistas y grandes productores infinitamente inferior en número pero poderoso por la capacidad de siembra especialmente centrada en la soja como eje del éxito económico.

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La baja de retenciones prometida y parcialmente aplicada favorece especialmente a éste sector, mientras que, vaya paradoja, se desmantelan la Secretaría de Agricultura Familiar, el Renatea y el Inta con despidos y fuerte recorte presupuestario en el primero y último y con la eliminación lisa y llana del Renatea que vuelve a invisibilizar a los trabajadores agrarios.

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La renuncia de Oscar Alloatti al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar tiene entretelones que no saldrán a la luz. Fuertes internas que tienen que ver con que el funcionario a cargo no colocó ningún colaborador propuesto por él mismo, sino impuestos todos desde el temible Ministerio de Infraestructura.

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Un dato a tener en cuenta es que cuando a Alloatti le propusieron asumir el cargo, en diversas reuniones con las nuevas autoridades el funcionario había manifestado su desacuerdo con los despidos de empleados del organismo. Quien asumirá informalmente la función hasta la designación definitiva de otro secretario, Santiago Hardie, es uno de los funcionarios que forman parte de la Fundación Pensar y fue el representante del PRO en la nueva gestión del Ministerio de Agricultura.

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El 10 de diciembre de 2015, Hardie fue designado a cargo de una Secretaría que previamente estaba muy ligada a la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández, y fue él quien estuvo a cargo de la ejecución de los primeros despidos en el organismo, que involucraron persecución política e ideológica de empleados y empleadas. En varias oportunidades, se supo que Hardie (y su colaborador Matías Mink) fueron los funcionarios “puestos ahí por la Presidencia para hacer limpieza ideológica”

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Entonces uno de los argumentos con que se pretende justificar la renuncia de Oscar Alloatti y que refiere a que obedeció a “la situación es que tenemos un embudo presupuestario importante para gestionar. Hay cosas que no pudimos hacer al ritmo que queríamos para el funcionamiento en el territorio. Tenemos que reparar camionetas rotas y no se puede funcionar en esto al ritmo que hay que hacer”, suena cuanto menos ridículo y hasta una falta de respeto a la inteligencia. Es mucho más profundo el problema. Es de raíz ideológica y significa que se fue quién en algún modo resistió la liquidación de los Agricultores Familiares argentinos, y lo que vendrá será la profundización de la exclusión y el éxodo para abrir paso a las corporaciones que concentran la producción de commodities como retorno al país dependiente y agroexportador de materias primas.

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Para eso otro estorbo importante resulta ser el INTA. No se tiene una real dimensión de la importancia estratégica y sociopolítica de este organismo. Es reconocido en el mundo como uno de los más destacados en su campo. Sin embargo y siendo un organismo público, no en cualquier contexto es bienvenido. Cuando el modelo de país se basa en el desarrollo horizontal con un marco de igualdad de oportunidades a las que el estado aporte las bases de equidad organismos como el INTA y el INTI entre otros se convierten en pilares de ese desarrollo. Permiten que la tecnología llegue a todos los rincones del territorio con un sentido social, no comercial. Ahora bien, cuando el modelo de país se basa en el desarrollo piramidal en el que el estado solo cumple el rol de prestador de servicios básicos de baja calidad para dar paso a la inversión de capitales que concentran la renta, la Agricultura Familiar, el INTA, el INTI y demás organismos públicos se constituyen en competencia y estorbo para las corporaciones, mayormente transnacionales que monopolizan la tecnología, su desarrollo y propiedad para apropiarse de la renta en disputa. Ya en los 90 políticas similares a las que hoy se ciernen sobre el INTA lo colocaron al borde del abismo a punto tal que el designado presidente del organismo en 2003 Carlos Cheppi afirmara que “el enorme sacrificio de los extensionistas que pusieron plata de sus bolsillos para que no se interrumpa el suministro de energía eléctrica evitó la pérdida de valiosos elementos de investigaciones únicas en el mundo llevadas adelante por el INTA”.

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Ese abismo evitado por la conciencia y entrega de quienes sienten el compromiso de un estado al servicio de los productores vuelve a avizorarse con la reducción del presupuesto en $ 1200 millones. No solo significa reducción de personal, sino el fin de programas de investigación que darán paso a la concentración por parte de las corporaciones comerciales.

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Finalmente, la eliminación del RENATEA se inscribe en el mismo contexto de dinamitar estado en el territorio para liberar explotación de los trabajadores. Los indicadores que muestran los avances en el ejercicio de derechos por parte de éstos en los tres años de vida del organismo se han constituido en el combustible que impulsó su desmantelamiento.

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Más de mil denuncias de explotación laboral, trabajo esclavo, trata y trabajo infantil, en tres años frente a ninguna en diez años del Renatre –organismo que lo precedió al RENATEA y que lo sucederá por imposición del gobierno actual-, y la parálisis operada desde el 10 de diciembre de 2015 denunciada por el fiscal Marcelo Colombo, Jefe de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas al afirmar que "Desde diciembre de 2015 no hemos recibido ninguna denuncia proveniente del Renatea"exime de cualquier comentario sobre el futuro que les espera a los trabajadores rurales.

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Objetivamente, y mucho más allá de los discursos, la realidad que ya se transita tiene ribetes de catástrofe para quienes viven, producen y trabajan en el ámbito rural argentino. Se trata de una embestida de características inéditas por su espíritu destructivo tras un discurso de esperanza y apoyo que tiene por objetivo consolidar el daño de manera brutal e inhumana.


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