EN MEMORIA DE MARIO CHAROLE Y ANTOLIANA MONZÓN
Diario El Campesino 
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Reserva Grande
A veces se opina sin conocer o con escasos fundamentos sobre lo que se informa. Decir que Orlando Charole “está embarrando la cancha” es desconocer el porqué de sus denuncias públicas que hace llamando la atención del Gobierno y la Justicia. Es pensar que se trata sólo de una disputa política interna. Por el contrario, está preocupado y apenado por las decisiones que lleva a cabo su hermana, la Presidenta del IDACH, y siente dolor por la misma, que siendo indígena ha claudicado a la reparación histórica del último territorio ancestral de los pueblos originarios de Chaco.

Toma un camino equivocado, no sólo porque olvida los derechos indígenas sobre la tierra, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, sino que no se aboca a defenderlos y se muestra “preocupada” por la situación de los criollos, cuya realidad histórica depende de otras instituciones del Estado y no del IDACH. Quizás un mal asesoramiento y posibles “presiones políticas” desviaron la mirada y compromiso sobre la Reserva Grande. Se da “prioridad” a lo “político” antes que al derecho indígena del territorio que es un derecho humano, y en cierta forma, se niega la memoria de los pueblos originarios ante distintos gobiernos, fueran del territorio, de la dictadura o de la democracia.

En este tema es bueno recordar e ilustrar algunos procesos que tienen vigencia en la actualidad por sus reclamos de justicia.

Los dirigentes Qom Taigoyi’ (Juan Tomás), Huapogoxoyi (Francisco Moreno), Corshe (Juan Segundo), acompañados por su lenguaraz Juan Burgos, viajan a Buenos Aires a tratar de ser recibidos por el Presidente de la Nación, con el propósito de solicitar el resguardo de los territorios que actualmente ocupan (1920). Son de distintos lugares del Chaco: Ponaquis, Tonaxadaale, Cosole, Qashi lola, Coqtalote’e, Hualliquiioxaic, Naship, Pioqla’asat, Tacaqlai, Qochiñilai (territorio de Pampa del Indio); Ele’lpatac (territorio de El Espinillo), y pertenecen a distintas parcialidades Qom: No’olgaxanaq, Dapicoshic, Tacshi. Logran el reconocimiento de 20.000 has en Pampa del Indio, 15.000 has en Las Palmas y 150.000 has en El Espinillo.

De esos territorios, a pesar de reclamos reiterados y viajes a Buenos Aires, el despojo fue sistemático, con la complicidad de los gobiernos.

Las promesas y las sucesivas postergaciones permitieron que de esos territorios actualmente sólo quedase un puñado de tierras, a excepción del territorio del Interfluvio. En ese lugar, con posterioridad a la entrega del título a la Meguesoxochi, se repiten actitudes y decisiones por parte del gobierno, cercanas al cinismo “pobres criollos”, están allí desde hace 100 años. Absoluta mentira, aunque se sabe que después del asesinato del cacique Matolí, último rebelde del pueblo Qom (1902), ingresaron desde Metán (Salta) algunas familias criollas. Con posterioridad al Decreto de Alvear (1924) y la mensura norte del territorio, los sucesivos gobiernos autorizaron su avance, violando derechos y a pesar de incesantes reclamos indígenas. Frente a los conflictos que desencadenaron en años cercanos, se ha escuchado de parte de funcionarios del gobierno, barbaridades como “hay que nulificar el título de la Meguesoxochi”, “hay que expropiar la propiedad indígena y compensar el territorio en otro lugar”, “hay que modificar la Constitución donde se garantizan los derechos indígenas a la tierra”; y también “la entrega en un plazo de 60 días de títulos individuales dentro de la propiedad privada”, expresado a los criollos por el propio Gobernador, rubricado con su propia firma.

Siempre es el indígena “la moneda de cambio”, que esconde la matriz racista, el indígena no trabaja, qué vago, para qué quiere la tierra…

Otro caso actual de despojo es Miraflores, localidad creada por el avance colonizador, que históricamente quebró el sistema económico y social de subsistencia de los pueblos originarios.

El territorio tradicional indígena de Micailtai, Mala’, Aoic, Chaiguilamol, Paxaangui (hoy J. J. Castelli), a pedido del Gobernador Mac Lean (1930) fue “canjeado” a sus habitantes indígenas conducidos por los abuelos Qom Do’oxoi (Augusto Soria), Shiuen (Pedro Alegre), Pigui’ñi (Juan Sandoval), Loiyin (Lorenzo Soria) y otros como Cabito Leiva, lenguaraz; por otros territorios bajo la promesa de la entrega de 10.000 has en Lachiugue (Miraflores), y la provisión mensual de mercaderías.

Toda esta generosidad para favorecer “el progreso”, que con el tiempo los explotará como mano de obra barata en la cosecha del algodón. En el transcurso del tiempo se crea la Villa Rural Indígena de Miraflores (Dcto. 50730/39 dentro de las 10.000 de Lachiugue. En 1979 un nuevo decreto del gobierno de facto del Chaco establece una nueva reserva aborigen, donde apenas quedan 3.500 has, de las 10.000 has históricas. En 1993 para completar el despojo y la injusticia, el Gobierno del Chaco dicta el Decreto 573 ratificado por la Ley 3877/93, que crea el ejido municipal de Miraflores, incluyendo como parte del mismo, los lotes 88, 93 y 94 de la Reserva aborigen de 1979. Se sucedieron los reclamos, ante la desidia, el desinterés y cinismo de intendentes, funcionarios judiciales, Instituto de Colonización, gobiernos provinciales y algunos indígenas inducidos a cambiar la tierra de sus ancestros por unos miserables pesos. Ante la ausencia de poner freno a tamaño despojo, se inicia un proceso de judicializaciones de las tierras del ejido municipal y en el año 2013/12/07 el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dicta sentencia reconociendo a los lotes en cuestión como parte de la reserva indígena y no de disponibilidad del Municipio. Esta sentencia está firme, no fue apelada, por lo que, de acuerdo a la Constitución provincial reformada en 1994, los lotes mencionados deben ser titulados a favor de la comunidad aborigen. Hasta el día de hoy, luego de tres años, seguimos sin resolución del conflicto por la titularización de esos lotes. El gobierno? Bien, gracias; como lamentablemente ocurre siempre en el tema tierra indígena.

Todos los conflictos planteados con respecto a los territorios indígenas, tienen una única respuesta: son decisiones políticas, aun estando en vigencia la Constitución reformada que consagra derechos a los pueblos originarios. Lo político por encima del derecho es la posición que toman los gobiernos y se basa siempre en intereses espurios, y esconden u ocultan la verdadera actitud de los gobiernos respecto de los territorios indígenas del Chaco.

En cuanto al último caso de disputa territorial, la Reserva Grande, allí, desde hace 30 años el gobierno está obligado por la Constitución a entregar el título comunitario de la misma. Pero el gobierno vuelve a repetir la triste historia del pasado, y lamentablemente del presente: opta por negar los derechos indígenas a su territorio ancestral.

Enumerar las violaciones cometidas para lograr un propósito contrario a derecho, puede aclarar la posición de Orlando Charole y a modo de recuento se pueden señalar las siguientes:

a. Indebida actuación del Instituto de Colonización en todo el proceso. Viola el Art. 1 de la Ley 2913 que da origen al mismo, pues no puede disponer de las tierras municipales y de las reservas.

b. Un gobernador falto de ética, que después de varios años de acompañar y avalar a la Asociación MOWITOB , no tiene la valentía de recibirlos y decirles el porqué del cambio de sus decisiones. Una burla a la confianza depositada en él por los miembros de la MOWITOB y hacia las instituciones que apoyaron de buena fe las intenciones de entregar ese territorio a los pueblos originarios del Chaco.

c. Una consulta efectuada carente de buena fe, mal informada, avalada por funcionarios que cargan toda la responsabilidad de la misma en el IDACH. No se puede convocar a consulta al pueblo indígena para que resigne derechos consagrados en la Constitución.

d. Una justicia civil complaciente que niega a Orlando Charole autoridad indígena para reclamar derechos indígenas sobre el territorio de la Reserva grande, siendo él el promotor de iniciar un juicio al Estado Provincial por incumplimiento de lo establecido en la Constitución con respecto a ese territorio.

e. Una Defensoría del Pueblo que desconoce a la MOWITOB y actúa en función del oficialismo, oficiando como garante de una consulta a todas luces manipulada.

A esta altura de los acontecimientos cabe preguntarse dónde está el derecho? Dónde está la Justicia Chaqueña? Y nuestros legisladores?

Por último, es importante recordarle al Gobierno y al IDACH que cuando se habla de reparación histórica de las comunidades originarias, -como marketineramente anuncian los medios-, la misma, para ser tal, debe ser la devolución del territorio y no la entrega o transferencia (pareciera que son sus dueños), de la tierra a las comunidades del Chaco. Cuando se habla de territorio no es lo mismo que hablar de devolución de tierras, se está afirmando la continuidad histórica de una cultura, como lo consigna el Convenio 169 de la OIT. En este tema hago propios los conceptos del Dr. Juan Manuel Salgado: “el derecho ‘a las tierras’ no es un derecho a la ‘propiedad privada’, aunque forzosamente se haya utilizado esa figura para reconocerlo, sino el derecho ‘al territorio’; es decir, el espacio de preservación de la propia vida cultural; de la autonomía, de la recreación colectiva, de la cultura. Porque una cultura no es una ‘esencia’ inmodificable para que los turistas tomen fotografías, sino un modo de vida y un espacio de libertad individual y colectiva. Lo que los jueces y demás funcionarios del Estado se niegan a reconocer es que los pueblos originarios puedan ser titulares de un espacio de autonomía política que ellos no pueden dominar. Se resisten a reconocer el derecho a la libertad individual y cultural de los pueblos indígenas dentro de un espacio cultural y territorial propio que el derecho actual les reconoce. El derecho a las tierras, por eso, pone en cuestión los actuales modos de ejercer la autoridad, de mandar, de gobernar, y es por eso que origina resistencias y violaciones jurídicas formidables.”

Recordamos al gobierno que el capítulo de la devolución de las tierras a los pueblos originarios no termina con la decisión de entregar el fraccionamiento perpetrado a las mismas o creando asociaciones civiles para su tenencia, ni ante las decisiones que tome la justicia chaqueña en contrario a lo peticionado por la MOWITOB la instancia de la justicia internacional, seguirá abierta, y adelantamos que ya hay casos vigentes en la Argentina, más precisamente en Salta, con la Asociación Lhaka Honhat, cuyas consecuencias son impredecibles.

J.J. Castelli, 07/10/2016

Sesaiqui (dapicoshicl’ec)

Tecolpi (lañaxashicl’ec)

Carlos A. Benedetto

DNI 08.146.610


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