DENUNCIAN VIOLACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA UNA JOVEN WICHI EN SALTA
Diario El Campesino 
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Había quedado embarazada tras haber sido violada por un grupo de hombres y fue sometida a una cesárea en el Hospital Materno Infantil de la capital salteña. El bebé de siete meses, que padecía de anencefalia, murió a los pocos minutos de la operación. n noviembre del año pasado, una joven wichí fue atacada y violada por cinco hombres, que la dejaron tirada a orillas de una represa. Además de haber sido violada, la niña quedó embarazada.

Después de darse a conocer la tragedia, la victima lejos de recibir la ayuda que necesitaba, siguió siendo maltratada, fue re victimizada, pero ahora por parte del Estado.

La nena tiene doce años y un tiene un leve retraso madurativo. Es la quinta hija de nueve. Pertenece a la comunidad Lhaka Honhat, que en wichí significa “nuestra tierra”. Lhaka Honhat queda en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, muy cerca de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay.

Nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal por hijo. Nadie le dijo a ella, ni a su familia que tenía ese derecho. Tampoco le dijeron que tenía derecho a la pastilla del día después, ni le explicaron que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.
El padre hace changas. En Alto de la Sierra, changuear quiere decir tallar postes a hacha y cobrar unos pocos mangos que cubren un par de días de la familia. Cuando el padre hizo la denuncia, el médico comprobó que la joven había sufrido efectivamente una violación.

Daniel Mamaní, el médico de Alto de la Sierra, el que comprobó la violación, es boliviano. Estudió medicina en Cuba y, como todavía no revalidó su título en Argentina, no puede firmar como médico. Por eso, cuando el médico boliviano revisó a la joven, al certificado lo firmó el bioquímico y director del hospital de Alto de la Sierra, Ramón Bustamante. Hoy, el médico boliviano está denunciado por falsificación de título.

La burocracia hizo que Mamaní no pudiera firmar el certificado que comprobaba que había sido violada. En esa burocracia, los cinco detenidos, los que la violaron, encontraron un guiño de la justicia. La defensa de los atacantes se agarró de ese insignificante detalle, de esa complicidad, y no perdonó la falta de habilitación para la pericia. Al poco tiempo, los cinco quedaron libres.
Fernando Mariscal Astigueta es el juez de Garantías de Tartagal. Es el que dejó en libertad a los cinco acusados, después de que sus abogados encontraran un certificado del médico Víctor Flores, en el que afirma que la joven no presentaba signos de abuso sexual. Víctor Flores es el médico legal, el mismo que no quiso viajar hasta Alto de la Sierra y le pidió al médico boliviano que le mandara por Whatsapp fotos de la vagina para determinar si hubo violación o no. El juez Astigueta entendió que no existían pruebas que los incriminaran, y que no había peligro de fuga. La prueba incriminatoria era el ADN. Los cinco acusados viven a diez kilómetros de la frontera.

El viernes 3 de junio, uno de los cinco involucrados en la violación volvió a quedar detenido. Se llama Jorge Gabriel Salas. La detención no fue por la violación de la joven, sino por una desobediencia judicial: Jorge Gabriel Salas no se presentó a declarar. Es decir, al acusado de una violación no lo fueron a buscar; fueron a su casa y lo citaron a declarar.

La victima nunca fue al colegio y no habla castellano; habla wichí. Para declarar ante la justicia, hay que hacerlo en castellano. María Inés Diez, la titular de la Defensoría General de Salta, explicó que se dispuso de un traductor, pero que solo fue utilizado para tomar declaración a uno de los acusados menor de edad. “Es lo que indica la Constitución”, dijo María Inés Diez. Y siguió: “nosotros no tenemos obligación de atender a la menor violada, esto es a requerimiento y nunca llegó a la Defensoría de Violencia, porque ésta -cuando el hecho ocurrió- todavía no funcionaba en Tartagal”.

La víctima no pudo declarar. No tuvo traductor ni al formular la denuncia ni en el proceso judicial. Sus violadores, en cambio, sí.
A los seis meses de embarazo, fue revisada por los médicos de la fundación del cantante Jorge Rojas, los únicos que llegaron hasta Lhaka Honhat. Cuando la atendieron, le diagnosticaron que el feto sufría una anencefalia. La anencefalia es un defecto congénito grave. Los bebés con anencefalia nacen con partes faltantes del encéfalo y el cráneo. Casi todos los bebés que nacen con esa condición mueren poco después del nacimiento.

El caso capturó la atención de los medios, y logró así el traslado al Hospital Materno Infantil de Salta. Ahí fue sometida a una junta médica, que confirmó la necesidad de practicarle a la joven una cesárea urgente. Se la hicieron el viernes 3 de junio. El mismo viernes que detuvieron a Jorge Gabriel Salas, uno de los violadores. El mismo viernes que se gritó #NiUnaMenos en todo el país.

El bebé murió a los pocos minutos de la operación. Los médicos ya se lo habían anticipado a la madre de la joven víctima. El último párrafo del parte médico del servicio de neonatología del hospital dice que la nena wichí “se repone favorablemente”.

La nena wichí fue primero violada, después embarazada, y luego ignorada reiteradas veces por el Estado. Sufrió violencia de género por ser mujer y sufrió discriminación por ser wichí. La nena wichí seguirá siendo mujer. La nena wichí seguirá siendo wichí.

Por Santiago Haber Ahumada

Publicado por AGENCIA PACO URONDO


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