¿DEFORESTAR PARA COMER?
Por Matías Pandolfi (*) 
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El problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero. (Bruce Mollison, investigador y naturalista australiano) El 2 de Julio de 1948 se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. En esos años del primer gobierno de Perón las cooperativas agrarias tenían una fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año se fabricó en Argentina el primer tractor del Cono Sur llamado Pampa, lo que puso al país en la vanguardia tecnológica agraria.

Sesenta y siete años después podemos afirmar con preocupación que en nuestro país la agricultura ha cambiado mucho y colisiona con la integridad del medio ambiente. Los principales problemas actuales son la contribución de la actividad agrícola a la extinción de humedales, bosques nativos y al desgaste de la tierra. En nuestro país el monocultivo de soja tiene también severas consecuencias: la falta de rotación resulta en una inadecuada reposición de los nutrientes del suelo y requiere el uso de algunos agrotóxicos con los que se envenenan los campos y los poblados cercanos. El debate sobre el modelo sojero es un tema muy difícil de instalar, ya que representa el 60 % de las exportaciones a nivel nacional y es la cuarta herramienta de recaudación con la que cuenta el fisco. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha tomado partido acerca de los problemas ambientales por la agricultura manifestando que: “A la vez que la agricultura garantiza la seguridad alimentaria de la población mundial y un medio de sustento a millones de personas, en particular a los pobres, también tiene que proporcionar servicios del ecosistema al medio ambiente, servir de sumidero para el carbono y satisfacer la futura demanda de biocombustibles y bioplásticos”.

En la reciente y combatida encíclica ecológica Laudato sii se toca el tema de los cultivos genéticamente modificados (transgénicos), no por su uso en sí o por su origen, sino por sus consecuencias económicas y sociales. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. El jefe del Estado del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, manifestó, en el capítulo 3 de esta encíclica, que “Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras”. No por nada esta encíclica es criticada por grupos relacionados estrechamente con el capitalismo más salvaje, el libre mercado y las grandes empresas biotecnológicas.

La socióloga Norma Giarracca, recientemente fallecida, planteaba en sus textos un debate que recorre el mundo occidental y se centra en la posibilidad de coexistencia entre la llamada “agricultura familiar” y el pujante “agronegocio”. El problema del agronegocio es que no quiere esta coexistencia, ya que busca expandirse sin control y en esa expansión arrasa con los bosques, el agua y la biodiversidad, y a su vez promueve que se patenten las semillas y todo ser vivo. Si bien al agronegocio se lo enmarca dentro de lo que se denomina neoliberalismo, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica hoy denominados posneoliberales sigue formando parte de los agronegocios que describía Giarracca en sus textos.

Por otra parte, se tiende a pensar erradamente que la agricultura es una práctica cuyo control deber ser extremadamente cuidadoso, porque su objetivo final es la alimentación de los seres humanos. Pero no es así. En su libro Vegetarianismo en el debate político, el médico Ezequiel Arrieta nos muestra que el avance de la frontera agrícola sobre la mayoría de los ecosistemas no está siempre relacionado con la producción de alimento de origen vegetal para seres humanos, sino para abrir terrenos para la cría de ganado y para alimentar a los animales criados en feedlot (engorde a corral). Es decir, que las principales causas de deforestación en los países con modelo agroexportador son aquellas actividades relacionadas con la producción de carne roja. La obra en cuestión acerca a la población general información muy valiosa y novedosa basada en evidencia científica sobre la necesidad de establecer un debate serio, con argumentos sólidos, sobre la insostenibilidad del actual sistema de producción de alimentos de origen animal y la posibilidad de obtener beneficios sanitarios y ambientales derivados de la adopción de una dieta vegetariana, o al menos, de una reducción significativa del consumo de carne roja.

La biología, la sociología y la medicina tienen mucho que decir, que investigar y que preguntar sobre las políticas agrarias. ¿Qué modelo agrícola piensan seguir Scioli, Macri, Massa y Stolbizer? ¿Piensan seguir sosteniendo un modelo sojero peligroso pero atractivo por la alta rentabilidad que genera para algunos sectores: exportadores, grandes productores, rentistas y proveedores de los insumos involucrados en la producción sojera? ¿Piensan soslayar los costos sociales, económicos, ambientales e incluso en la salud pública involucrados en esta producción? ¿Piensan tomar alguna medida con el glifosato, uno de los herbicidas más usados en nuestros campos, luego de que 17 expertos científicos de once países lograron que la OMS lo categorice como “probablemente cancerígeno”, la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad? ¿No creen que sea necesario impulsar una ley que fomente el buen uso de los suelos y otra que regule el uso de agroquímicos? ¿Qué relaciones piensan establecer con Apresid, Expoagro, los grandes exportadores Monsanto y Grobocopatel? ¿Por qué creen que en este siglo que transitamos los temas ambientales son evadidos de la agenda pública y del discurso político? Como verán, aquel “queremos preguntar” -surgido en 2012 en el programa de Jorge Lanata- no es propiedad exclusiva del periodismo. Ojalá antes de octubre tengamos respuestas para algunas de estas preguntas.

(*) Es Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas (UBA). Realizó su postdoctorado en la Universidad de California. Es investigador adjunto del Conicet y docente universitario.


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